El Gobierno aprueba el indulto parcial para Juana Rivas

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el indulto parcial para Juana Rivas, la mujer de Granada que en 2018 fue condenada a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de sus dos hijos menores, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Esta decisión se produce dos semanas después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) enviara un informe al Gobierno sobre la postura de sus magistrados en torno a esta decisión. El Supremo reconoció que existía división en esta materia. En concreto, ocho de sus magistrados apoyan el indulto parcial para Rivas, mientras que otros ocho, entre los que se incluye el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se oponen.

Los primeros hacen referencia para explicar su postura al "interés superior del menor", a la condena a la expareja de Rivas y padre de los niños por un delito de lesiones en el ámbito familiar o a declaraciones realizadas por el hijo mayor de la pareja en sede judicial en las que "manifiesta su deseo de vivir con la madre y los malos tratos del padre".

Los segundos creen que si esta medida de gracia se administra "sin atender a circunstancias verdaderamente distintivas, relacionadas desde luego con criterios de equidad", se vería afectada "la generalidad de la norma y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos".

Atendiendo "al interés del menor"

El Gobierno ha concedido el indulto parcial a Juana Rivas atendiendo "al interés del menor" y a las "circunstancias vitales en las que esta mujer tuvo que afrontar las decisiones" por las que fue condenada. Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobado esta decisión.

El acuerdo del Gobierno, según ha indicado Rodríguez, supone una rebaja de la condena, que pasa de ser de dos años y seis meses s un año y tres meses; y la conmutación de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por 180 horas de trabajo en favor de la comunidad.

La ministra portavoz ha recordado en su intervención que esta pena de gracia está prevista en la Constitución y ha apuntado que la decisión tomada se ha producido atendiendo al "protocolo", al "procedimiento" y a los informes, tanto del juzgado sentenciador, como de la Fiscalía.