La última reunión de la Comisión Interterritorial dejó un espectáculo lamentable: un motín de varias autonomías contra las medidas acordadas por mayoría, pero no por unanimidad. Con ello quedaron al descubierto todas las debilidades, al menos administrativas: no se sabe qué grado de apoyo se requiere para hacer obligatorias las decisiones; también se ignora si lo decidido invade las competencias autonómicas; el gobierno desconoce qué puede hacer ante las comunidades rebeldes o amotinadas; se agrava el pulso entre Díaz Ayuso y todo el gabinete Sánchez, lo que convierte la desescalada en una lucha ideológica y de poder; afloran los indicios de que el gobierno central está arrepentido de la cogobernanza y tiene añoranza del mando único. Inquietante todo. ¿Será que el gobierno piensa que las autonomías han aflojado demasiado y se pone en riesgo la vuelta a la normalidad? ¿Será que teme que las urgencias económicas de la hostelería y el ocio se impongan a la prioridad de la salud? Todavía no puedo responder a esas preguntas. Tómelas el lector, de momento, como reflejo de una inquietud.