La futura Ley de Vivienda que el gobierno pactó consigo mismo para salvar los Presupuestos tiene dos características: es intervencionista y tiene la buena intención de ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler y poder independizarse. Al intervencionismo se le pueden hacer todas las críticas con una condición: a lo mejor, a lo peor, no queda otro remedio si se quiere cumplir con la Constitución, que reconoce la vivienda como un derecho social básico. Esperemos que no sea el comienzo de una política económica que sería desastrosa para la libertad de mercado. Y las ayudas a los jóvenes serían dignas de aplauso si no fuese por un detalle: esta será una ley que parece pensada solo para ellos. A su lado, resulta clamoroso el olvido de los mayores, salvo que entendamos por mayores las familias vulnerables desahuciadas. Y encima, con las limitaciones a las subidas del alquiler, reciben un palo todos los seniors que trabajaron toda su vida para tener un piso como un plan de pensiones basado en el ladrillo y ahora no pueden pensar en acomodar las rentas a las subidas del IPC. Tendrán alguna compensación fiscal, pero no la seguridad de mantener su poder adquisitivo. El bien de unos no se puede cimentar en el perjuicio de otros. Sepan los gobernantes que los mayores también votan.