Opinión
La reforma de pensiones debe potenciar los planes empresariales
Mariano Jiménez LasherasLunes 29 de junio de 2020
ACTUALIZADO : Lunes 29 de junio de 2020 a las 9:38 H
10 minutos
Lunes 29 de junio de 2020
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A pesar de que continuamos sobrecogidos por los graves efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19, o quizás por ello mismo y por sus consecuencias económicas, no podemos olvidarnos de afrontar algunos de los grandes retos que precisan de soluciones urgentes.
Quizás el más importante es el futuro de las pensiones por cuanto representan el pilar básico de nuestro sistema de bienestar social. Hasta 2018 los ciudadanos no mostraban una especial preocupación por el tema, pero la percepción ha cambiado y genera uno de los grandes debates sociales.
Empecemos por describir la situación actual. Nuestro sistema de pensiones se caracteriza por un sistema público muy robusto que proporciona una de las tasas de sustitución más elevadas, 70% del último salario, y sistemas complementarios raquíticos. Es decir, bastante alejado de modelos mixtos predominantes en la OCDE, que combinan sistemas públicos y privados y sistemas de reparto y de capitalización. Lo hacen para diversificar riesgos por cuanto cada sistema se ve afectado, en mayor o menor medida, por riesgos diferentes. En cualquier caso, lo que se exige al sistema conjunto es el cumplimiento de dos requisitos: sostenibilidad y suficiencia.
El sistema público de reparto se basa en un pacto implícito de solidaridad intergeneracional y es extremadamente vulnerable a variables demográficas (esperanza de vida, natalidad, etc.) y económicas (empleo, salarios, productividad, IPC, etc.) y dependiente de factores institucionales (edad de jubilación, requisitos de acceso, cálculo de las pensiones, revalorización, etc.)
Es precisamente esa vulnerabilidad la que viene provocando una situación deficitaria, en torno al 1,5% del PIB desde 2015. La Gran Recesión pasó una enorme factura por cuanto la caída del PIB, del empleo y la devaluación salarial provocaron una fuerte caída de las cotizaciones. Aunque en los últimos años se han recuperado, lo han hecho de forma insuficiente para contrarrestar el creciente gasto en pensiones.
A ello ha contribuido el aumento del número de pensionistas (8,7 millones en 2010 y 9,8 millones en 2019), la mayor esperanza de vida (10 meses más cada 5 años), los importes de las nuevas pensiones (1.452,84 euros en 2020 frente a 1.172,18 euros en 2010) y la política de revalorización de los últimos años.
Impacto de las reformas de pensiones de 2011 y 2013
Y este importante desequilibrio se está consolidando pese a las recientes reformas que pretendían ralentizar el crecimiento de los gastos. Lo más relevante de la reforma de 2011, fue el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, la penalización de las jubilaciones anticipadas y el aumento hasta los 25 años del cómputo de bases de cotización. La reforma tuvo un amplio respaldo parlamentario y el apoyo de los agentes sociales pero todavía tardará años en desplegar todos sus efectos, hasta 2027.
Distinta suerte tuvo la reforma de 2013, al no contar con el mismo respaldo parlamentario y ha provocado un mayor rechazo social, estando hoy suspendida. El nuevo factor de revalorización ligaba el incremento de las pensiones a la situación financiera del sistema mediante una compleja fórmula y se aplicó entre 2014 y 2017, con una revalorización del 0,25% anual, el suelo establecido. Desde entonces las pensiones se han revalorizado al menos con el IPC. El factor de sostenibilidad, que preveía un ajuste de las altas de pensión a la esperanza de vida, no se aplicó en 2019, año en que debería haber entrado en vigor. Ambas medidas pretendían, con escaso éxito como hemos visto, una ralentización del gasto futuro para mejorar la sostenibilidad.
Pero preocupa cada vez más el futuro por cuanto la situación se agravará por la próxima jubilación de los baby boomers y por el aumento (sin duda deseable) de la esperanza de vida, elementos que provocarán que la tasa de dependencia (relación entre población en edad de jubilación y de trabajar) actual del 25% actual pase al 58% en 2048, según las proyecciones de AIREF (@AIReF_es) que son las más optimistas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo y también la suficiencia.
Por eso es ineludible y urgente acometer reformas orientadas a cumplir ambos objetivos. Por el lado de los ingresos existen dificultades para aumentar las cotizaciones por sus efectos indirectos o bien las transferencias del Estado porque se desvirtuaría aún más la contributividad del sistema. Otras de las cuestiones planteadas, como cerrar el déficit actual mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que soportan las cotizaciones, solamente trasladarían el problema al ámbito del Estado.
Debate sobre el sistema de revalorización
A veces el debate de las pensiones parece centrarse exclusivamente en la revalorización. Evidentemente, seguir aplicando el factor de revalorización (de facto el 0,25% de forma indefinida por el déficit) haría recaer de forma injusta el ajuste en los actuales pensionistas que no tienen margen de maniobra para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Claro que sería deseable garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, pero hay que ser consciente de que esta decisión no es inocua en el medio y largo plazo por sus efectos acumulativos (según Fedea (@socialfedea), el coste anual de la indexación con el IPC ascendería al 2,7% del PIB en un horizonte de 40 años). Deberían valorarse opciones intermedias, como garantizar el poder adquisitivo de las pensiones más bajas e introducir otras variables como PIB o salarios además del IPC para el resto.
Es cierto que hay recorrido para profundizar en las reformas paramétricas, especialmente en la extensión del cómputo de bases a toda la vida laboral o en medidas incentivadoras de la prolongación de la etapa activa y simétricamente en el desincentivo de la anticipación de la jubilación que serían deseables. Lo que está claro es la necesidad de restablecer el equilibrio actuarial interno del sistema e incorporar mecanismos de ajuste automático a la esperanza de vida, bien en la edad de jubilación o bien en línea del factor de sostenibilidad nonato.
Tampoco debería desdeñarse sin más, el profundizar en el análisis de reformas más radicales como la introducción gradual de un sistema de cuentas nocionales, que puede presentar ventajas diferenciales como un mayor equilibrio entre lo cotizado y lo percibido, una adaptación automática a la esperanza de vida, mayor flexibilidad y transparencia en su funcionamiento, sin olvidar que podría conllevar costes de transición que deberían ser evaluados.
En cualquier caso, cualquier reforma que se plantee en aras de la sostenibilidad, generará nuevas necesidades por el lado de la suficiencia, al traducirse en un previsible descenso de la tasa de sustitución a medio plazo.
La gran baza de la previsión complementaria
Y es aquí donde la previsión complementaria (actualmente raquítica) deberá desplegar todos sus efectos, para compensar ese creciente gap entre trabajo y pensión. No es fácil porque el nivel de activos financieros para pensiones apenas supera el 13% del PIB, lejos del 50% de la media de la OCDE. No existe cultura de ahorro finalista para jubilación, posiblemente por la elevada tasa de sustitución pública. La cobertura en los sistemas de empleo apenas alcanza al 10% de los ocupados y los sistemas personales se consideran un mero instrumento de deducción fiscal.
Es importante que la futura reforma, tal como recoge la Agenda del Cambio de 2019 y las recientes declaraciones del ministro José Luis Escrivá, no afecte solo al sistema público sino que suponga un impulso de los sistemas complementarios, especialmente de los empresariales, para avanzar hacia un sistema mixto.
Para lograr una reforma exitosa del sistema público que integre una Estrategia Nacional de Previsión Social Complementaria estable y duradera, cabría plantearse en primer lugar si, dada la situación política actual, no sería más eficaz que con carácter previo a su discusión en el ámbito parlamentario, el análisis de medidas y propuestas se realizara por un comité de expertos con presencia de los interlocutores sociales, con objeto de consensuar tanto el nivel de pensiones al que se aspira, como el coste y el reparto de su financiación.
En segundo lugar, resulta imprescindible facilitar a los ciudadanos información sobre sus expectativas de pensión y realizar una campaña divulgativa, tanto de la situación financiera del sistema público como del impacto de los retos de futuro, para que la reforma sea socialmente aceptable. Además, resulta esencial desarrollar planes de educación financiera en los colegios, en las empresas y en los medios de comunicación para elevar la cultura financiera de los ciudadanos y se normalice la planificación de la jubilación.
En tercer lugar, debe articularse un cambio de estrategia para apostar claramente por el desarrollo de los sistemas empresariales proporcionándoles todo el apoyo institucional posible, ya que ofrecen el ahorro más eficiente: permiten generalizar pensiones complementarias independientemente de la capacidad de ahorro individual y extender los beneficios fiscales a toda la población; tienen costes y gastos más reducidos y rentabilidades más elevadas; proporcionan mayor implicación de empresas y trabajadores por el esfuerzo compartido, las decisiones y la supervisión corresponde a empresas y trabajadores, cuentan con el asesoramiento de expertos independientes y facilitan inversiones estratégicas a largo plazo para un desarrollo sostenible.
Aunque la negociación colectiva podría constituir el ámbito idóneo para su desarrollo, hay alternativas no excluyentes sino complementarias, basadas en la denominada “economía conductual”, de notable éxito en otros países como el automatic enrolment del Reino Unido que ha logrado en menos de ocho años que el 90% de los trabajadores tengan una pensión complementaria financiada por el trabajador, el Estado y la propia empresa.
Mariano Jiménez Lasheras (@MjimenezLash) es presidente de OCOPEN (@OCOPEN_) y director general de CPPS Asesores
