La nueva legislación laboral se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado e inmediatamente entra en vigor, aunque tenga que ser convalidada después por el Congreso de los Diputados. Hay que hacer todo con esa rapidez para cumplir con las exigencias de Bruselas de tener lista esa norma antes de fin de año. Es decir, que se cumple en el último minuto. El contenido de las nuevas normas es discutible, como todo, aunque los analistas coinciden en un aspecto básico: no se derogó la reforma del gobierno Rajoy, solo se han hecho correcciones que reconocen más derechos de los trabajadores. Ahora la cuestión es que, en principio, el decreto-ley no contará con apoyos suficientes para su convalidación parlamentaria. Los partidos Popular y Vox lo rechazan por principio y los tradicionales y fundamentales apoyos del gobierno, Esquerra, Bildu y el PNV quieren incorporar sus exigencias nacionalistas o de izquierda. Sería una pena. Sería tirar por la borda nueve meses de compleja negociación. Y sería un pésimo ejemplo para el país: para una vez que se consigue una reforma legislativa que cuenta con el consenso de empresarios, gobierno y sindicatos, los partidos políticos tienen la obligación de respetarla. No es una obligación legal, pero es una obligación moral.