Ya lo sabéis: el Tribunal Constitucional acaba de sentenciar que el primer estado de alarma no era acorde con la Constitución. Fue una larga y profunda batalla jurídica que deja divido al Tribunal de Garantías. Los ciudadanos que entendemos poco de leyes nos preguntamos para qué sirve anular un estado de alarma ya pasado y no tenemos derecho a nada, salvo a no pagar las multas o reclamar las ya pagadas. Los juristas nos dicen que sirve para que no se vuelva a repetir. El partido Vox, autor del recurso, presume de éxito. El PP aprovecha para reclamar la legislación sanitaria que lleva un año pidiendo para evitar estos sobresaltos jurídicos y las contradicciones judiciales que vemos en las autonomías. El gobierno, al conocer la noticia, se tuvo que controlar para que hoy no hablemos de indignación. Yo solo digo dos cosas: una, que el Tribunal Constitucional tiene que hacérselo mirar, porque lo que escandaliza no es que el gobierno se haya equivocado, sino que se haya consumido un año en redactar una sentencia que ya no tiene efectos prácticos. Igual que en los tribunales ordinarios, ninguna justicia lenta es justicia. Y la segunda, sosiéguese el gobierno: las instituciones están para eso. Y a veces se pierde. La forma de no perder es muy sencilla: hacer las cosas bien.