El futuro del modelo de residencias actual vuelve a estar de actualidad. Y es que, ahora que casi el 100% de los residentes están inmunizados y que las puertas de estos centros –donde han fallecido más de 30.000 personas por Covid– se vuelven a abrir, parece que ha llegado el momento de replantearse cómo mejorar un sistema que ha mostrado graves deficiencias a lo largo de esta crisis y cómo hacer frente a las secuelas que el confinamiento ha dejado en los más mayores. 

Y es algo que ya se abordó, tímidamente, en junio de 2020, tras la primera ola, cuando desde el Gobierno llegaron a anticipar que se revisaría "el modelo de residencias" después de la desescalada. 

Posteriormente, en diciembre, en los Presupuestos Generales del Estado se amplió un 34% –insuficientemente según los sindicatos– la partida para la Dependencia y se anticipó, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que se fomentaría la asistencia en el domicilio y se trataría de poner fin a las listas de espera​ antes de 2023. 

Con todo, hasta ahora, a parte de estas medidas generales, únicamente algunas comunidades autónomas como Madrid han dado ciertas pistas de por dónde irá el nuevo modelo de residencias o a qué se destinarán los fondos. 

En concreto, el vicepresidente de la región madrileña, Ignacio Aguado, presentaba​ hace escasos días –coincidiendo con el fin de la inmunización de los residentes– un nuevo Acuerdo Marco para 2021 en el que se incrementaban las ratios de personal, se aumentaba el precio por plaza y se incluían ciertos aspectos en favor de la autonomía personal como la participación de los mayores y familiares en la elaboración de menús.

No obstante, estos cambios distan mucho de lo que se podía esperar tras la desescalada, en verano de 2020, cuando los actores parecían estar dispuestos a cambiar radicalmente el sector y el propio modelo de los cuidados, después del drama vivido durante la primera ola en las residencias. 

Reestructurar las residencias

Al menos así lo entienden trabajadores, familiares, empresas y geriatras, que piden medidas más ambiciosas. "Necesitamos abrir el itinerario de manera prudente, pero hay cuestiones que son obligadas. Y, la primera, y más fácil, es la introducción de cambios ambientales", propone la gerontóloga y miembro del Comité de Expertos de 65Ymás, Mayte Sancho. 

Para la experta en envejecimiento, se debería optar por darle un vuelta completa al modelo y optar por unidades de convivencia de "entre 8 y 14 personas" como máximo, que reciban asistencia in situ y puedan hacer actividades "con sentido" y personalizadas.

Por ello, se tendría que apostar por un sistema, añade, similar al que se aplica en algunos lugares de Estados Unidos o en los países nórdicos en los que prima la Atención Centrada en la Persona y un esquema "mucho más horizontal y autogestionado". 

"Si alguna oportunidad –aunque no me gusta hablar en estos términos– nos ha ofrecido esta experiencia terrible, es que hemos visto que la institución no es un modo de vida. Lleva puesta en cuestión un montón de años –incluso las Naciones Unidas la prohíbe–, pero ahora hay evidencias claras de que es así", apunta. 

Además, añade, no sería necesario, para realizar este cambio de modelo, construir nuevos edificios, puesto que se podrían reformar muchas de las grandes de residencias de 100 o 200 plazas, argumenta, y compartimentarlas en módulos "independientes", "prescindiendo de alguna habitación o pasillo", que sería reconvertida en "espacio de convivencia".

Y este ambiente más cercano y amable, prosigue, podría beneficiar también a los mayores más dependientes y ayudarles a recuperarse de las secuelas psicológicas de un año de encierro. 

Aumentar las ratios de personal

Coincide con las tesis de Mayte Sancho, el presidente de la plataforma de familiares Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez, que también señala que las familias deberían jugar un papel importante en el diseño de este nuevo modelo.  

Por esta razón, pide que se les incluya en los Consejos de Residentes ya existentes en muchos centros, para que puedan ejercer un rol propositivo y controlar el servicio que se da. 

Igualmente, Vázquez entiende que es vital que se revisen las ratios de personal –cuántos trabajadores hay por cada residente– y que no se hagan "trampas" estableciéndolas sin tener en cuenta que hay tres turnos al día. 

"Las ratios son una cuestión que no se puede dejar a la negociación entre patronal y sindicatos, porque marcan la diferencia entre dar una atención razonable a los mayores o que sus últimos días sean un auténtico infierno. Y el negocio de las residencias está, ahora mismo, en la carencia de personal", critica. 

Reducir las listas de espera

Por su parte, las empresas piden más financiación al Estado para paliar esta falta de personal que, en cierto modo, también reconocen. Y, por ello, ven con buenos ojos los pasos dados por la Comunidad de Madrid que, en 2021, pagará más por cada plaza nueva concertada.

"Valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado por la Consejería de Políticas Sociales, los sindicatos y la patronal CEIM. Supone situar el precio de la plaza concertada de Madrid a un nivel superior al del resto de las Comunidades Autónomas, y marca el camino que deberán seguir de manera indefectible el resto de Comunidades en los próximos meses. Nos parece un acierto que la apuesta de los sindicatos para estos próximos años sea la mejora de las ratios de atención a los mayores, con la consiguiente creación de empleo y por tanto la reducción de las cargas de trabajo para las empleadas. Es una apuesta moderna que consolidará nuestro sector como creador de empleo de calidad, y donde las trabajadoras podrán mejorar la atención a los mayores al disponer de más tiempo para cada uno", comentan a este diario desde la patronal que reúne a las empresas más grandes del sector, Aeste (@AESTE_oficial). 

Aun así, desde otra de las agrupaciones empresariales de la Dependencia, Ceaps (@cea_ps), entienden que desde el Gobierno Central se debería dar un paso más y apostar –ya han mostrado voluntad de hacerlo desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales– por acabar con el problema de las listas de espera de la Dependencia. "Lo que es urgente de verdad ahora es dar servicio a los mayores. No puede ser que nuestras residencias tengan una desocupación del 20%", denuncia la presidenta de Ceaps, Cinta Pascual. 

Incrementar la financiación

Y, para acabar con las listas de espera y dar un mejor servicio, lo esencial, en un sistema que depende en gran medida del dinero público, es la "financiación".  "Hay que aumentarla y adecuarla a lo que establece la Ley, porque, en este momento, la financiación la están pagando las comunidades autónomas. Hay que tener un acuerdo para ir ampliándola. No se podría hacer en un sólo año, pero sí en tres", propone la responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (@fssccoo), María Victoria Gómez. 

Y con ese cambio, por el cual el Estado pasaría a aportar el 50% de los fondos para la Dependencia –frente al 20% que llegó a financiar–, se podrían aumentar las ratios y retribuir mejor a los trabajadores, explica Gómez. 

Fomentar la coordinación sociosanitaria

Sin embargo, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (@seggeriatria), José Augusto García, matiza que no se puede quedar todo en un simple aumento presupuestario, sino que habría que darle una verdadera vuelta al sistema residencial, al completo, empezando por fomentar los cuidados en los domicilios para retrasar la entrada en las residencias lo más posible –el Gobierno ha destinado una partida de unos 700 millones para esta finalidad–. Algo, que pasa por incrementar el número de horas de atención que reciben los dependientes al día. 

“Ahora, tenemos un riesgo enorme de que se aumenten los sueldos a los trabajadores de las residencias, y ya, todos contentos", critica. “El coronavirus está enseñándonos muchas cosas. Por ejemplo, que las personas mayores estaban más protegidas en sus casas que en las residencias. Y además estamos en un país con proyecciones de envejecimiento muy importantes. Así que hay que dejar de hablar sólo de residencias de mayores y empezar a referirnos a un modelo amplio de atención. Hay que potenciar la asistencia domiciliaria, los centros de día, los pisos y hogares con servicios, y buscar formas nuevas como el cohousing. Y luego, lo último, serían las residencias de mayores, que habría que rediseñarlas”, señala. 

Por otro lado, el presidente de la SEGG opina que habría que fomentar la telemedicina, para que los mayores que viven en residencias puedan estar bien atendidos, y trabajar para reforzar la coordinación entre servicios sociales y sanitarios. “Hemos aprendido que tenemos que incrementar mucho más la colaboración de los servicios sanitarios y sociales. Hay que repensar si el modelo que tenemos ahora tiene que seguir siendo así y ver si Atención Primaria cuenta con suficientes recursos”, apunta.

Y, finalmente, García adelanta que, en los próximos años –por los estragos que ha causado el coronavirus en las residencias–, los servicios de salud deberán hacer frente a un aumento de patologías que han empeorado por el confinamiento y deberán prepararse para ello.

 “Han perdido mucha movilidad. Estamos viendo mucha más depresión y ansiedad. Es una pasada. Tenemos que preguntarnos hasta que punto hemos hecho una buena salud pública sólo confinándonos y sin poner ningún tipo de terapia ocupacional. Estamos teniendo efectos secundarios terribles”, concluye.